El escándalo por presunto lavado de dinero que salpica a Sur Finanzas, la empresa conducida por Maximiliano Ariel Vallejo, aliado de Claudio “Chiqui” Tapia, abrió en la última semana un frente político y judicial que coloca a la AFA en el centro de la escena. A las sospechas sobre maniobras financieras irregulares se suman cuestionamientos por decisiones deportivas recientes, en un clima de tensión creciente entre el Gobierno nacional y la conducción del fútbol argentino.

“Vienen por mí”, admitió en privado Tapia días atrás. La frase condensa el momento que atraviesa el presidente de la AFA, cuya relación con la administración de Javier Milei ha tenido idas y vueltas desde el inicio del nuevo gobierno. Tras la ofensiva inicial del oficialismo para instalar el debate sobre las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y la revisión del decreto 1212, Tapia reconstruyó ciertos puentes con funcionarios libertarios, con gestos públicos y negociaciones que parecieron descomprimir el conflicto. Sin embargo, la tregua duró poco.

El Gobierno sigue de cerca dos causas judiciales que involucran a Vallejo, figura cercana a Tapia. A la vez, analiza impulsar una investigación formal sobre la transparencia de la AFA y sobre el propio presidente de la entidad. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adelantó que desde el Senado promoverá una auditoría sobre la asociación del fútbol argentino.

En la Casa Rosada no descartan avanzar con una denuncia directa contra Tapia si se comprueba algún ilícito, siempre bajo el argumento de que una acción judicial no implica interferencia política en la gestión de la AFA. El antecedente regional más citado es el de Brasil, donde un ex presidente de su federación terminó detenido sin que eso afectara al seleccionado.

Pero el Gobierno también mira con cautela un riesgo nada menor: las sanciones de la FIFA. Los estatutos de la entidad prohíben explícitamente la injerencia estatal en las federaciones miembro, y una intervención interpretada como política podría dejar a la Argentina expuesta en pleno año de Mundial. Ese condicionante explica parte de la prudencia oficial.

Mientras tanto, el frente judicial continúa expandiéndose. En Lomas de Zamora, la DGI investiga a Sur Finanzas por presunto lavado de $818.000 millones, de los cuales un 9% habría circulado a través de 42 empresas falsas. En paralelo, en Comodoro Py, la jueza María Eugenia Capuchetti indaga un entramado de empresas y casas de cambio que accedieron a dólar oficial entre 2019 y 2023, donde Vallejo también aparece mencionado. A eso se suma un expediente en la justicia en lo Penal Económico que detectó movimientos de más de $4.000 millones sin respaldo documental vinculados a “Construcciones TAR SA”, firma asociada al empresario.

En el fútbol, el impacto político de estas causas se mezcla con otros episodios recientes que generaron ruido, como la consagración de Rosario Central, cuestionada por sectores opositores, y la sanción disciplinaria contra Juan Sebastián Verón y el plantel de Estudiantes. En el “círculo rojo” del deporte varios interpretan estas tensiones como parte de un clima de disputa que se intensifica.

Entre viejas alianzas debilitadas y nuevas tensiones políticas, el futuro inmediato de la AFA y de su conducción quedó condicionado por una trama que combina frentes judiciales, disputas internas del poder y el siempre delicado equilibrio entre el Estado y el fútbol argentino.